En Colombia, la libertad es el bien más preciado después de la vida misma. Enfrentar una acusación formal por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego es una situación jurídica crítica que requiere una intervención legal inmediata y altamente calificada.

El Artículo 365 del Código Penal colombiano no castiga únicamente el hecho de llevar un arma consigo en la vía pública sin el debido permiso. Esta conducta punible también sanciona penalmente el almacenamiento, la distribución, el transporte o la simple tenencia de un arma de fuego, sus partes esenciales o municiones dentro de cualquier propiedad privada sin el respectivo salvoconducto vigente.

La pena base para el delito de porte ilegal de armas de fuego oscila entre los 9 y los 12 años de prisión. Sin embargo, es vital tener en cuenta que la sanción económica y penal puede incrementarse sustancialmente si concurren circunstancias de agravación, tales como:

La importancia crítica de una defensa técnica oportuna

Es un error común pensar que una captura en flagrancia o un allanamiento equivalen a una condena automática e inevitable. El proceso penal colombiano cuenta con estrictas garantías constitucionales.